El presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, defendía este miércoles en un debate parlamentario su controversial pacto de amnistía para separatistas catalanes, el día antes de que el líder socialista pida el apoyo del Congreso de los Diputados para formar un nuevo gobierno.

Sánchez ha conseguido el apoyo público de seis partidos más pequeños para asegurarse la mayoría absoluta de 176 votos a favor de reeditar su gobierno de coalición en minoría con el grupo izquierdista Sumar.

La controversia giraba en torno a acuerdos firmados con dos partidos separatistas catalanes, que incluían un compromiso de aprobar una ley de amnistía que eximiría a cientos de separatistas catalanes inmersos en problemas legales por su papel en el intento fallido de secesión en 2017 de la acomodada región nororiental. Los acuerdos incluyen al expresidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, que está prófugo de la justicia española desde su huida a Bélgica hace seis años.

Sin embargo, si Sánchez, que gobierna desde 2018 y es uno de los líderes socialistas que más tiempo lleva en el poder en Europa, perdiera la votación del jueves, tendría una segunda oportunidad el sábado, cuando solo necesitaría más votos a favor que en contra.

Acuerdo de amnistía desata protestas en Madrid

El acuerdo de amnistía ha provocado protestas en Madrid e incluso en Barcelona, la capital de Cataluña. Los partidos conservadores y de ultraderecha en la oposición acusan a Sánchez de traicionar a la nación al conceder la amnistía para mantenerse en el poder. Se esperaban más protestas el miércoles en el centro de Madrid, donde el edificio del Congreso estaba bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Los jueces españoles han criticado duramente la propuesta de amnistía, que han tachado de intrusión de la rama legislativa en la separación de poderes. La Unión Europea está revisando el texto.

Si Sánchez consigue apoyo suficiente en la cámara de 350 escaños, la formación del nuevo gobierno pondría fin a un periodo de incertidumbre política desde las elecciones inconcluyentes del 23 de julio, que dejaron un parlamento muy fracturado.

Sánchez tuvo que hacer más concesiones al partido de Puigdemont Junts y su rival separatista Esquerra Republicana de Catalunya.

Los socialistas acordaron con ERC condonar millones de euros de deuda para la región y cederle el control parcial de los servicio de tren de cercanías. El partido de Sánchez cedió después a la presión de Puigdemont para permitir que Cataluña se quede más parte de sus ingresos fiscales y, algo más controversial, abrir negociaciones sobre la posibilidad de debatir un referendo de independencia para Cataluña, pero dentro de los límites de la Constitución española.

Sánchez ha defendido sus acuerdos con el argumento de que ayudarán a seguir normalizando la situación política en Cataluña y reducir más las tensiones entre Madrid y Barcelona. Los partidos separatistas han perdido poder en las últimas elecciones, mientras que los socialistas de Sánchez han crecido en Cataluña gracias a su política de apaciguar a los catalanes, que incluyó indultos para varios líderes encarcelados.

El acuerdo también supone que por primera vez en casi una década, el partido de Puigdemont abandonó su posición de intentar desestabilizar al estado español y, al menos por ahora, garantiza que Sánchez se mantiene en el poder al acordar votar con el gobierno en leyes importantes.