El mediodía del 15 de junio pasado, el chofer de la Comisionada Josefina Román Vergara acudió a un Walmart para hacer una recarga telefónica por 200 pesos con cargo al erario. A pesar de también tener servicio de cafetería y vales de alimentación, el INAI tiene más de 50 contratos con ese supermercado con el concepto “insumos pleno” para las sesiones de los comisionados, las cuales se reiniciaron tras la resolución de la Suprema Corte ante el pendiente de designaciones del Senado durante más de un año. Así lo muestra la propia Plataforma Nacional de Transparencia.

“La corrupción es el abuso de un cargo en el sector público o privado para beneficio personal”, aseveró hace unos días la Comisionada Román en un evento sobre el Día Internacional contra la Corrupción.

No obstante, este organismo autónomo —en el centro de una próxima iniciativa legislativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador que busca eliminarlo por “gastos superfluos”— ha gastado recursos públicos en seguros de vida millonarios, pago de casetas y servicio de telefonía, entre 2018 y 2023, así como otros miles en un dron, materiales con el logo del órgano autónomo en pines, cubos de cristal fino, ropa, bolsas de loneta e incluso en balones.

SinEmbargo contactó desde la semana pasada al área de comunicación social del INAI para consultar la causa y utilidad pública de este tipo de contratos. Pero ningún comisionado ni portavoz atendió el requerimiento.

López Obrador además pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) investigar al INAI tras los reportes periodísticos que informaron que Óscar Guerra Ford obtuvo un beneficio personal —gastó en un table dance— con cargo al erario cuando era Comisionado. El mismo órgano autónomo, que renovó presidencia este domingo, reveló que los dos funcionarios públicos presuntamente involucrados se retiraron de su cargo actual para no entorpecer las investigaciones.

“Es un desbarajuste el INAI y son manejados ahí mil millones de pesos, y todo es para gasto corriente, ahí sí subrayado: corriente. Pero muchas denuncias sobre el mal manejo”, aseveró el Presidente el 30 de noviembre desde Palacio Nacional a pregunta expresa sobre el caso de Guerra Ford.

Días después, la Comisionada Julieta del Río expresó al respecto en un evento: “El INAI tiene muchas áreas de oportunidad, podemos optimizar y ser más eficientes. A los señalamientos que hay de que somos ´un desbarajuste´, en esta institución en lugar de que nos moleste, que nos incomode, debemos de verlo como una oportunidad”.

SinEmbargo hizo una revisión en la Plataforma Nacional de Transparencia de los contratos de obras y servicios del INAI en el periodo 2018-2023, donde destacan gastos corrientes como 450 pines con acabado en niquel brillante con logotipo del INAI (34 mil pesos); cajas de archivo con logotipo del INAI (57 mil pesos); soportes de escritorio para teléfono celular y bolígrafos de aluminio con goma touch screen para celebrar las “Semanas Universitarias por la Transparencia 2023” (13 mil pesos); 40 cubos de cristal fino grabados con logotipo del INAI (20 mil pesos); suministro de camisas, chalecos y chamarras con imagen institucional (217 mil pesos); bolsas de loneta con impresión de logo del INAI (59 mil pesos); impresión gráfica del INAI sobre 400 balones promocionales (54 mil pesos); audífonos inalámbricos con logotipo del Sistema Nacional de Transparencia (59 mil pesos); hasta un drone DJI Mini con sus baterías (25 mil pesos). 

También hay contratos pagados en dólares, entre ellos, uno por 44 mil dólares para contar con Zoom One Pro Annual para realizar videollamadas con varios usuarios entre 2023 y mayo de 2024; así como su proyecto de chatbot “CAVINAI” que demandó al menos 18 mil dólares, que al tipo de cambio actual ascienden a 313 mil pesos.

Esto además del acostumbrado servicio vehicular, pago de casetas y TAG, vales de gasolina y despensa, y seguros de vida millonarios de Metlife, a pesar de que los comisionados ganan más de 100 mil pesos mensuales, lo que viola la Ley de Austeridad. A esto se suma un aguinaldo de 36 mil 566 pesos más una compensación garantizada de 197 mil 563 pesos, que terminan por sumar 234 mil 129 pesos para cada uno de los comisionados.

El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, compuesto actualmente por cuatro comisionados, “lamentó” los resultados del proceso legislativo del Senado en el que no se obtuvieron las mayorías requeridas para nombrar entre ternas a dos comisionados, un pendiente que tiene la Cámara Alta desde hace más de un año, pero que se ha paralizado por falta de un acuerdo político.

El órgano autónomo planteó en un comunicado que la Suprema Corte resolvió ordenar al Senado que, en el presente periodo ordinario de sesiones, que concluye el próximo viernes 15 de diciembre, ya designe a las personas comisionadas que cubrirán las vacantes que dejaron los comisionados Rosendoevgueni Monterrey (relacionado con el caso del table dance) y Francisco Javier Acuña, ahora laborando en el Tribunal Electoral.

A la par, a partir de un amparo solicitado por el INAI, la Jueza decimoséptima de Distrito en Materia Administrativa Celina Quintero resolvió que de no acatar esa responsabilidad legislativa, los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y de la Mesa Directiva del Senado podrían ser sancionados económicamente o penalmente.

Este domingo 10 de diciembre además se renovó la presidencia en medio de señalamientos de “mafias” internas por parte de la Comisionada Julieta del Río. El Comisionado presidente es ahora Adrián Alcalá Méndez.