En lo que va de la administración de Ricardo Gallardo Cardona, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 26 carpetas de investigación por el delito de aborto.

Tres investigaciones se reportaron entre octubre y diciembre de 2021 y en 2022 se acumularon nueve carpetas, según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Al año siguiente, incrementó a 12 indagatorias penales y en los cinco primeros meses de 2024, la FGE registra dos asuntos, ambos en enero.

En tanto, el Congreso del Estado concluyó el período ordinario de sesiones y sigue sin resolver las dos iniciativas ciudadanas que buscan despenalizar la interrupción del embarazo hasta antes de las 12 semanas de gestación.

En septiembre del 2023, José Luis Ruiz Contreras, entonces titular de la FGE, justificó que, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictado criterios para no penalizar la interrupción del embarazo, la institución debía abrir las carpetas de investigación, porque todavía está penado en San Luis Potosí. 

El Código Penal del Estado en el artículo 148 precisa que a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y multa de 100 a 300 días del valor de la unidad de medida y actualización (UMA), es decir, de 10 mil 374 a 31 mil 122 pesos. 

Fuente: Pulso