San Luis Potosí podría quedar sin los servicios de los poderes judiciales estatal y federal debido a protestas de trabajadores relacionadas con la falta de pago de prestaciones en el primer caso y a la protesta contra la reforma judicial en el segundo.

Trabajadores judiciales de ambos poderes manifestaron ayer su descontento con las acciones de los respectivos poderes ejecutivos. En el caso del Poder Judicial del Estado (PJE) con un paro de labores que se replicó en varios distritos judiciales del estado.

Los sindicalizados acordaron ayer parar actividades de manera indefinida, por el incumplimiento de pagos de salarios y prestaciones, determinando que no las reiniciarán hasta que se alcance un acuerdo definitivo.

La medida se acordó, explicaron, por la interrupción del servicio médico está inactivo, y los pacientes no tienen acceso a consulta externa o a la atención hospitalaria, ni para ellos ni para su familia.  Además del impago de otras prestaciones y bonos saldadas en efectivo.

Los sindicalizados rechazaron una oferta del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Arturo Morales Silva, titular del PJF para llegar a una solución, pues consideraron poco creíble que se les vaya a pagar con rapidez lo que se les debe.

Morales Silva se reunió con los otros 14 magistrados para explicarles los medios de solución del conflicto laboral. 

También ayer, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) de México anunció su intención de convocar un paro indefinido de labores en respuesta al avance de la reforma judicial impulsada por el oficialismo, que busca elegir por voto popular a los jueces federales y locales.

Aquí, trabajadores sindicalizados del Noveno Circuito del PJF se solidarizaron con la movilización para que el gobierno estatal pague todo lo que debe 

Explicaron que el ataque al PJE por la vía económica, es concurrente con la agresión del gobernante federal al Poder Judicial de la Federación, hecho que se deriva de la pretendida reforma judicial, que a juicio de los trabajadores atenta contra la República y la democracia mexicana.

Fuente: Pulso