En San Luis Potosí se establecería en tres Unidades de Medición y Actualización (UMAs) el impuesto ambiental contenido en la Ley de Hacienda del Estado, mientras que en Guanajuato, la aplicación del impuesto ascendería a .75 UMAs y eso afecta la competitividad, advirtió Emilio Rosas, diputado presidente de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico del Congreso del Estado.

En entrevista, el legislador explicó que esa disparidad es algo que sigue en discusión para San Luis Potosí, y aunque no se ha resuelto, si hay acercamientos entre el titular de la secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado Jesús Salvador González Martínez, la Secretaría de Finanzas del Estado y las dirigencias empresariales, para revisar esta situación.

Dijo que él ha atestiguado reuniones en Industriales Potosinos A.C. (IPAC) y en la Alianza Empresarial Potosina y están en pláticas para ver cómo se va a implementar este impuesto sin que afecte la competitividad.

El entrevistado sugirió que hay que estar muy coordinados con los Estados vecinos, para que no se den los fenómenos de la llamada competencia desleal.

Añadió que sin embargo también se tiene que acelerar el trabajo jurídico para el desarrollo empresarial sostenible, que incentive a que las empresas queden conectadas a las cadenas de valor, pero también a que se involucren en la dinámica de la sostenibilidad.

Añadió que también se busca que la proveeduría sea 90 por ciento de empresas potosinas, pero ese propósito exige coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Explicó que este lunes atestiguó la instalación de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico de la alcaldía de la capital, que encabeza la regidora Julie Abud Sarquís, y ya comenzaron las pláticas para que en el avance industrial, los trámites sean eficientes y libres de cualquier duda o acto de corrupción de algún funcionario o servidor público de cualquier nivel.

Fuente: Pulso