La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en 2023 la Seduvop y las alcaldías de Soledad, Alaquines, Xilitla y Guadacázar entregaron de manera indebida, por las vías de la adjudicación directa y la invitación restringida, 12 contratos de obra que involucraron pagos por 140.9 millones de pesos, por lo que ordenó a la Contraloría General del Estado el inicio de una investigación para deslindar responsabilidades.

Lo anterior quedó establecido en el informe final de la auditoría de cumplimiento 2023-A-24000-19-1775-2024 realizada al ejercicio del año pasado del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) e incluida por la ASF en el paquete de auditorías hechas públicas en la segunda entrega del ejercicio 2023.

El órgano fiscalizador revisó doce expedientes técnicos unitarios de los procesos de adjudicación y contratación en el rubro de obra pública que amparan proyectos financiados con recursos del FISE del ejercicio fiscal 2023.

La verificación arrojó que los municipios de Guadalcázar, Soledad de Graciano Sánchez, Alaquines, Xilitla y la Seduvop adjudicaron once contratos de manera directa por un importe de 134.6 millones de pesos y un contrato por invitación restringida por un importe de 6.2 millones de pesos, “los cuales no se adjudicaron de conformidad con la normativa aplicable, ya que se observó que no se adjudicaron de acuerdo con los montos máximos permitidos; se adjudicaron de forma directa y por invitación restringida, cuando debió ser por licitación pública”.

La mitad de las obras observadas corresponden a la Seduvop. Los contratos irregulares sumaron 91.2 millones de pesos, siendo el más cuantioso de 29.8 millones de pesos, correspondiente a la rehabilitación del alumbrado en la cabecera municipal de Rioverde.

Le sigue Soledad de Graciano Sánchez, que destinó 28.4 millones de pesos que fueron entregados de manera indebida.

Con un contrato están los ayuntamientos de Guadalcázar, de 10 millones de pesos; Xilitla, con 6.2 millones de pesos, y Alaquines, con cinco millones de pesos.

En respuesta, el reporte señala que la Contraloría General del Estado inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, para lo que abrió el expediente CGE/DIAEP/EIA-094/2024..

Fuente: Pulso