CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de México desestimó el martes las acciones que buscaban detener la reforma judicial luego de que no se lograron los votos requeridos de los ministros para declarar su inconstitucionalidad.

En su pulso con la Corte, Sheinbaum afirmó el lunes que no está dispuesta a negociar “lo que ha decidido el pueblo y ya es parte de la Constitución”, y planteó que los ministros “no pueden estar por encima de la voz popular”. La mandataria adelantó que de invalidar parte de la reforma ya cuenta con “un plan”, pero no ofreció detalles.

En esa misma línea, la mayoría oficialista en el Congreso aprobó la semana pasada una reforma para blindar los cambios hechos a la Carta Magna y evitar que las modificaciones puedan ser detenidas en los tribunales.

La sesión del alto tribunal se da a menos de una semana de que ocho ministros, entre ellos su presidenta Norma Piña, presentaran su renuncia en el Senado. Esta se hará efectiva en agosto del 2025, luego de que se elijan los nuevos integrantes del cuerpo.

Los ministros decidieron dimitir en cumplimiento de la reforma que prevé que los juzgadores que no vayan a competir en las elecciones de mediados del próximo año deben renunciar para no perder sus beneficios laborales.

La decisión no fue respaldada por sus colegas Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Ortiz, quienes se mantendrán en sus cargos.

Esquivel, Ortiz y Batres, quienes son identificadas como cercanas al gobierno, adelantaron hace unas semanas que participaran en los comicios judiciales.

La reforma del poder judicial ha sido criticada por especialistas y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá que plantearon que las modificaciones pondrían en riesgo la independencia judicial y representaría un golpe al sistema de contrapesos del Ejecutivo en México.

Los críticos de la reforma aseguran que con la elección de los jueces por voto popular los tribunales se llenarán de personas afines al partido gobernante y con poca experiencia, y se abrirá el camino para que políticos y delincuentes puedan influir en las decisiones de los tribunales.

Pero López Obrador y Sheinbaum han defendido la reforma asegurando que ayudará a limpiar de corrupción el poder judicial y consolidará una “auténtica democracia” en México al permitir que el pueblo elija a sus servidores públicos.