El Observatorio Electoral Judicial vaticinó que las elecciones para el Poder Judicial se llevarán a cabo “en el límite de una crisis constitucional que sin duda repercutirá significativamente en los resultados de la misma”, debido al “laberinto jurídico” en el que se está intentando organizarla, con suspensiones por amparos otorgados y por las deficiencias de la propia reforma.

En su primer informe, este observatorio destaca que la reforma por sí misma es contraria a diferentes tratados internacionales de los que México es parte como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

El documento critica que el proceso electoral inició de forma inmediata posterior a la reforma “por lo que no ha habido tiempo para analizar la mejor forma para implementar una elección con estas características, especialmente considerando que es un ejercicio inédito en nuestro país”.

Asegura que “no existe un marco jurídico suficiente a partir del cual se establezcan las reglas bajo las cuales se llevará a cabo la elección” debido a que la legislación secundaria emitida recientemente se enfoca en el proceso ordinario de 2027 y no en el extraordinario de 2025.

Esto deja al Consejo General del INE con la responsabilidad de establecer un plan y calendario del proceso electoral, así como la emisión de la normativa necesaria para la contienda.

También puso en duda la suficiencia presupuestal para organizar los comicios a celebrarse el primer domingo de junio de 2025.

El Observatorio Electoral Judicial está integrado por las organizaciones Laboratorio Electoral, Práctica: Laboratorio para la democracia y Disentir – Unidos por la Justicia Social y la Equidad, y dos académicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) expertos en la materia: Nicolás Loza e Irma Méndez.

Se creó para observar, analizar, vigilar y publicar información relevante de este proceso a fin de “contribuir a un proceso electoral transparente, en el que la ciudadanía esté lo más informada posible del desarrollo del proceso y de la forma —pertinente, íntegra, constitucional o no— en que se atenderán las diferentes dificultades que un proceso así conlleva”.