La interrupción del embarazo se llevará a cabo con base en lo dispuesto los protocolos y lineamientos emitidos por la OMS, las Normas Oficiales Mexicanas y las disposiciones aplicables

Las diputadas de MORENA votaron a favor de la reforma constitucional que obliga al Estado a brindar atención médica a las mujeres que aborten hasta las 12 semanas de gestación.

Acompañadas del PVEM, una diputada del PRI y una de Nueva Alianza obtuvieron la mayoría que requerían.

La legisladora priista Sara Rocha Medina se pronunció anti aborto y proyectó un video donde, aseguró, se muestra crudamente como se practica el aborto; mientras que activistas presentes en la sesión aplaudieron a las legisladores, lanzaron consignas feministas y advirtieron que darán seguimiento al tema para que no sea vetado por el gobernador.

Se establece en la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, que “el Estado de San Luis Potosí reconoce la vida digna como fundamento de todos los derechos de los seres humanos. Queda prohibida la pena de muerte, la cual no podrá aplicarse en ningún caso. Toda persona tiene derecho a decidir sobre su gestación de manera libre, informada, autónoma y responsable”.

En las reformas a la Ley de Salud del Estado, se establece que el Sistema Público de Salud proporcionará los servicios necesarios para la interrupción del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad, en cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas o las disposiciones aplicables en materia de salud reproductiva, cuando la mujer o la persona gestante lo soliciten.

Lo anterior con la finalidad de que la mujer o persona gestante esté en condiciones de decidir sobre su maternidad de manera libre y voluntaria; informada, autónoma y responsable, las instituciones de salud pública pondrán a su disposición servicios de atención médica de calidad, psicológica y social, con información objetiva, veraz, suficiente y oportuna de las opciones, alternativas y apoyos con que cuentan las mujeres y personas gestantes; así como de los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos de la interrupción del embarazo, siempre que esta sea solicitada dentro de las primeras doce semanas de gestación.

Cuando la mujer o persona gestante decida practicarse la interrupción del embarazo, las instituciones de salud pública habrán de efectuarla de manera oportuna, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables. Las instituciones de salud pública atenderán las solicitudes de interrupción del embarazo a todas las mujeres y personas gestantes solicitantes.

El servicio tendrá carácter universal, gratuito y sin condicionamiento alguno. La interrupción del embarazo se llevará a cabo con base en lo dispuesto los protocolos y lineamientos emitidos por la Organización Mundial de la Salud, las Normas Oficiales Mexicanas y las disposiciones aplicables, con relación a la práctica clínica para un aborto seguro.

En la práctica clínica para la interrupción del embarazo, las instituciones de salud pública deberán promover, garantizar, respetar y proteger la no discriminación, la confidencialidad y privacidad de las mujeres y personas gestantes solicitantes.

Las instituciones de salud pública deberán ofrecer servicios de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar a la mujer y a la persona gestante que haya practicado la interrupción de su embarazo, en los términos de esta Ley, y demás disposiciones aplicables.

Se establece la obligación de las instituciones públicas de salud, el garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud.

Además, en el ámbito de sus competencias, promoverán políticas públicas relacionadas con el ejercicio del aborto seguro, y la educación integral en sexualidad, en plena observancia con los derechos humanos.

No basta la reforma, debe implementarse: Las Compas

En San Luis Potosí, a pesar de la despenalización, la realidad ha demostrado que la teoría no siempre se traduce en práctica. Desde la reforma que despenalizó el aborto en San Luis Potosí, en noviembre de este año, al menos 83 mujeres no han podido acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en ningún servicio de salud del estado.

Las Compas San Luis, una red de acompañamiento que apoya a mujeres en este proceso, ha alzado la voz ante esta problemática.

“Exigimos que el derecho a interrumpir el embarazo sea accesible para todas las personas en los servicios públicos de salud, garantizando el acceso sin barreras ni discriminación,” manifestaron en un reciente comunicado. Esta demanda resuena con urgencia, pues la reforma a la Ley de Salud aún está pendiente, lo que deja a muchas mujeres en una situación de vulnerabilidad y desamparo.

Fuente: Sol