La Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desechó ocho de cada diez querellas tramitadas durante el último año.

El Informe de Labores 2024 del Poder Judicial de la Federación (PJF) indica que de noviembre de 2023 al de 2024 ingresaron ante esa instancia 749 recursos contra el personal jurisdiccional y se tenían 292 del año anterior, para sumar mil 041 quejas y denuncias.

De este total, se desecharon 817 y se declaró incompetencia en 36 casos; es decir, 853 quejas no prosperaron y sólo se instruyó el inicio de una investigación en 153 recursos interpuestos.

Además, la Secretaría Ejecutiva de Disciplina (SED) del CJF, que también conoce de las querellas formuladas contra el personal judicial, tramitó cuatro mil 067 quejas y denuncias, así como 85 procedimientos de oficio, para un total de cuatro mil 152 recursos. Sin embargo, desechó tres mil 584 de los casos, lo que representa 86% del total, pues declaró improcedencia en tres mil 374, incompetencia en otros 109, improcedencia e incompetencia en 74 y dio de baja 27 expedientes.

Por señalamientos de presunta corrupción o nepotismo, se recibieron en conjunto 361 querellas; de los primeros en ninguno se acreditó la conducta o el denunciante no aportó datos mínimos y de los segundos, “en su mayoría”, tampoco se acreditó la falta.

SÓLO PROSPERAN DOS DE CADA 10 QUEJAS EN PJF

De las más de mil quejas o denuncias tramitadas durante el último año ante la Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), prácticamente se desecharon ocho de cada diez.

De acuerdo con el Informe de Labores 2024 del Poder Judicial de la Federación (PJF), entre noviembre de 2023 y el de 2024 ingresaron 749 recursos contra el personal jurisdiccional y se tenían 292 del año anterior, para sumar mil 41 quejas y denuncias.

De este total, se desecharon 817 y se declaró incompetencia en 36 casos; es decir, 853 quejas no prosperaron y sólo se instruyó el inicio de una investigación en 153 recursos interpuestos ante dicha instancia. Se reportó que 35 continúan en trámite.

Además, la Secretaría Ejecutiva de Disciplina (SED) del CJF, que también conoce de las querellas formuladas contra el personal judicial, tramitó cuatro mil 067 quejas y denuncias (515 de éstas preexistentes y tres mil 552 nuevas). Asimismo, inició 85 procedimientos de oficio (45 anteriores y 40 nuevos) para un total de cuatro mil 152 recursos en contra de funcionarios adscritos a órganos jurisdiccionales

Al igual que los procesos tramitados ante la Contraloría, la SED desechó tres mil 584 de los casos, lo que representa 86% del total, pues declaró improcedencia en tres mil 374, incompetencia en otros 109, improcedencia e incompetencia en 74 y dio de baja 27 expedientes. Reporta 115 casos en trámite.

El procedimiento de responsabilidad administrativa inicia de oficio o a través de una denuncia, a condición de que existan elementos probatorios suficientes que acrediten la existencia de una falta administrativa y la presunta responsabilidad de la persona servidora pública o particular involucrada”, explica el informe, dado a conocer el pasado martes.

NI CORRUPCIÓN NI NEPOTISMO

En el periodo señalado el CJF recibió quejas o denuncias por presuntos hechos de corrupción y nepotismo: en la SED hubo 130 casos atribuidos a personal de los órganos jurisdiccionales y en la Contraloría 37, concernientes a personal adscrito a áreas administrativas del Consejo. Actualmente, siete casos continúan en investigación.

La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) dio trámite a diversas investigaciones que podrían estar relacionadas con actos de corrupción y nepotismo por parte del personal de órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, 157 existentes con antelación y 37 ingresadas en este periodo, de las cuales continúan en trámite 86 relativas a nepotismo y 34 sobre corrupción”, se detalla.

Sin embargo, el informe aclara que en cuanto a los asuntos resueltos sobre “actos de corrupción” que derivan de señalamientos de cohecho, no se encontraron elementos que acreditaran dicha conducta o el denunciante no aportó los datos o circunstancias mínimas que permitieran identificar el hecho concreto.