Seúl, Corea del Sur.- El Parlamento surcoreano aprobó la destitución del presidente, Yoon Suk-yeol, por haber declarado la ley marcial el pasado 3 de septiembre y lo hizo con el apoyo de diputados de la formación del mandatario.

Los 300 diputados de la Asamblea Nacional (Parlamento) participaron en el proceso, que se saldó con 204 votos a favor de la moción presentada por la oposición para destituir a Yoon, 85 en contra, tres abstenciones y ocho papeletas nulas.

Para aprobar la moción eran necesarios al menos 200 votos a favor para lograr una mayoría de dos tercios en la cámara y, aunque el voto es secreto, al menos 12 diputados del conservador y gobernante Partido del Poder Popular (PPP) han debido apoyar la destitución, puesto que los partidos de la oposición suman en total 192 escaños.

La incertidumbre en torno al resultado se mantuvo hasta el final, con el PPP celebrando durante horas una reunión a puerta cerrada para fijar una postura oficial y el encuentro concluyendo minutos antes del inicio de la votación con el anuncio de que la formación oficialmente no apoyaría la moción.

Queda claro tras conocerse el escrutinio que no todos los escaños de la formación -siete ya habían dicho públicamente que votarían a favor de echar a Yoon- han votado de acuerdo a esa postura oficial. Tras el conteo, Yoon queda despojado de sus funciones y el primer ministro, Han Duck-soo, asume ahora de manera interina la jefatura de Estado y Gobierno- a la espera de que el Tribunal Constitucional determine en un plazo máximo de 180 días si el presidente violó o no la Carta Magna cuando declaró la ley marcial el pasado 3 de diciembre.

Si el Constitucional determina que así fue, Yoon sería el segundo presidente en ejercicio en ser inhabilitado en democracia en Corea del Sur después de que la también conservadora Park Geun-hye fuera apartada del poder y encarcelada en 2017 por una compleja trama de corrupción.

A Yoon, al que se ha prohibido salir del país, así como a otros miembros de su Gabinete -como el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, que permanece en prisión preventiva- y altos cargos militares y policiales se les investiga por presuntos delitos de amotinamiento, abuso de poder o insurreción.

Este último es el más grave de ellos e incluso puede suponer el arresto de Yoon, ya que ni siquiera la inmunidad presidencial prevalece en casos de insurrección, delito que, para aquellos a los que se considera líderes del levantamiento, se salda con cadena perpetua o pena de muerte (sobre la cual exista una moratoria en Corea del Sur desde 1997).