No lograron comprobar la militancia de 7 años, estar al corriente en el pago de cuotas y haber presentado examen de conocimientos sobre documentos básicos

La fórmula de Margarita Hernández Fiscal y Luis Gerardo Aldaco no fue aceptada para contender en la elección interna del PRI para renovar el Comité Directivo Estatal, debido a la falta de diversa documentación según dictaminó el órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos.

Hernández Fiscal no exhibió los siguientes documentos: constancia expedida por el coordinador nacional de afiliación y registro partidario para acreditar una militancia de al menos 7 años y estar adscrita en el registro partidario.

Constancia expedida por la Secretaría de Finanzas y Administración del CEN, mediante el cual acredite estar al corriente en el pago de sus cuotas partidarias hasta el mes de noviembre de 2024; constancia del presidente nacional del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles para acreditar el conocimiento de los documentos básicos del PRI.

Aldaco Ortega no presentó constancia de militancia, constancia de estar al corriente en sus cuotas, constancia de haber ocupado algún cargo de dirigencia partidista, constancia para acreditar el conocimiento de los documentos básicos.

Aunado a lo anterior, los solicitantes exhibieron listados que contienen un total de 80 firmas de apoyo, de las cuales únicamente 29 de ellos corresponden a consejeros políticos vigentes del Consejo Político Estatal, debiendo haber exhibido un mínimo de 38 firmas para estimar satisfecho el requisito previsto en los numerales de la convocatoria correspondientes.

Por lo tanto, el órgano auxiliar de la CNPI dictaminó improcedente la solicitud de registro de la fórmula integrada por Irene Margarita Hernández Fiscal y Luis Gerardo Aldaco Ortega, dictamen que fue publicado en estrados.

Después de conocer esta resolución, los integrantes de la fórmula no aprobada, hicieron una publicación en redes sociales afuera de las oficinas del partido, donde anunciaron que acudirán a las instancias jurisdiccionales correspondientes para impugnar el dictamen, al considerar que está plagado de irregularidades.