Con 19 votos a favor y 6 en contra (de diputados de Morena), el Pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría, en sesión ordinaria, reformas a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí en materia de reforma al Poder Judicial local.

De esta manera, San Luis Potosí se coloca a la vanguardia a nivel nacional como un estado democrático, ya que en el 2025 elegirá 15 magistrados, un Tribunal Unitario de Disciplina y 66 jueces de primera instancia, informó el diputado Carlos Arreola Mallol.

El dictamen será puesto a consideración de los 58 ayuntamientos para que sus respectivos Cabildos como parte del constituyente reformador, lo aprueben.

Deberá tenerse la mitad más uno de aprobaciones; es decir, 30.

Señaló el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales que será un trabajo arduo y amplio porque se va a adicionar y reformar una serie de leyes, no solamente es la Constitucional; “hemos considerado a todos los sectores, hemos considerado diversas voces y además aplaudimos que el Ejecutivo del Estado se suma también a esta causa del proyecto federal”.

Arreola Mallol destacó que se da cumplimiento del artículo octavo transitorio del decreto de que reformó diversas porciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde le otorgaba 180 días a las Legislaturas de los estados para hacer una adecuación a las normas constitucionales y a las leyes secundarias en materia del Poder Judicial.

Con base en el artículo 116 constitucional y a la configuración legislativa que tiene este Congreso del Estado, se analizó la minuta de reforma constitucional y al mismo tiempo se propone un dictamen que recoge la esencia mayoritaria de lo que la reforma judicial a nivel federal propuso para análisis del Congreso del Estado.

El Consejo de la Judicatura del Estado, como pasó con el de la Federación, se transforma para crear dos órganos, un tribunal unitario en materia de disciplina judicial que tendría dos instancias, una investigadora y otra substanciadora para resolver la disciplina de los miembros del Poder Judicial del Estado.

Al mismo tiempo, la parte de organización, de administración y ejercicio del presupuesto pasaría a un órgano de administración judicial y se renovará la totalidad de las magistraturas con los juzgadores de primera instancia, que es la esencia de la reforma, ahora serían por el voto popular y ya no como sucedía a propuesta del gobernador y ratificación del Congreso del Estado.

Eso le da, de acuerdo a la reforma, una mayor proximidad a la ciudadanía para que, a través del voto libre, secreto y directo puedan también elegir a sus magistrados y a sus jueces.