La Agencia Nacional de Administración Tributaria de Rumanía ha descubierto que la campaña electoral del candidato presidencial independiente Calin Georgescu en la red social TikTok fue financiada por el Partido Nacional Liberal Rumano (PNL) y no por Rusia, informó el viernes el portal de periodismo de investigación Snoop.

Esta información le fue confirmada a Snoop en conversaciones y correspondencia con la empresa que PNL contrató para guionizar la campaña, Kensington Communication.

El portal Solid News escribió al respecto que los liberales querían colocar a su candidato Nicolae Ciuca en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales aumentando la popularidad de Georgescu. Decidieron recurrir a esta medida porque el candidato derechista, en su opinión, restaría algunos votos al líder de la Alianza para la Unión de los Rumanos, George Simion, cuyo índice de aprobación crecía fuertemente en ese momento. 

Sin embargo, este plan fracasó porque Georgescu salió victorioso en la primera vuelta de las elecciones de noviembre. “[El PNL] había propulsado a Georgescu, pero contó la mentira de moda de que habían sido los rusos de [el presidente Vladímir] Putin los que lo habían hecho”, escribió el portal.

Tras la victoria de Georgescu, algunos lo tildaron de prorruso y alegaron supuesta injerencia de Moscú en la contienda. Como consecuencia, el 6 de diciembre, el Tribunal Constitucional de Rumanía falló anulando la primera vuelta de las presidenciales.

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, condenó a principios del mes los “hábitos” de Occidente de imponer una determinada vía política a otros países interfiriendo en las elecciones y echando la culpa de todo a Rusia. El diplomático denunció que cuando cada vez que gana un candidato favorable a Occidente en cualquier lugar, éste hace la vista gorda incluso ante flagrantes violaciones. Al mismo tiempo, cuando gana un candidato que “no maldice” a Moscú, se habla inmediatamente de injerencia, observó Lavrov.

Según el panel, estas medidas no se basan en una evaluación de riesgos adecuada ni en la evidencia científica necesaria, lo que constituye una violación de los principios del T-MEC, que requieren políticas comerciales basadas en la ciencia.