“El contrato tiene la apariencia de un quebranto a las finanzas públicas de la universidad, e incluso podría ser catalogado como fraudulento”, advirtió el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López, en relación con el arrendamiento del terreno universitario ubicado en la zona diamante de San Luis, con el que se pretende construir el “Distrito Santa Fe”.

El auditor señaló que, aunque la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se ha negado a ser auditada, la información difundida por Pulso y no desmentida por la institución, muestra posibles irregularidades que podrían haber beneficiado a un particular en detrimento de la institución. “Es preocupante porque, si bien no tenemos las cifras de manera oficial, lo que se ha publicado indica un daño potencial a los recursos de la universidad”, afirmó el auditor.

Lecourtois López explicó que el Instituto de Fiscalización realiza auditorías financieras y de cumplimiento para verificar que los estados financieros de las instituciones públicas sean claros y que sus contratos cumplan con la normatividad vigente. “Es necesario revisar que el contrato en cuestión haya contado con la autorización de su órgano de gobierno y que sus ingresos estén acorde con los precios de mercado”, indicó.

Sobre los posibles responsables, en caso de existir irregularidades, el auditor advirtió que “hay una corresponsabilidad tanto del órgano de gobierno que aprobó la firma (Comisión de Hacienda y el CDU), como del equipo jurídico que lo redactó y permitió su suscripción en estas condiciones”.

Además, subrayó que, de confirmarse un beneficio indebido, podrían derivarse sanciones administrativas e incluso tipificarse delitos. “Si se demuestra que no se cumplió con la normatividad para la firma de contratos, o que se favoreció de manera fraudulenta a un particular, estaríamos ante un hecho grave”, sostuvo.

Lecourtois Lopez reiteró que la negativa de la UASLP a ser auditada genera sospechas, ya que la revisión de sus cuentas permitiría esclarecer cualquier duda sobre el manejo de sus recursos. “A través de los medios se han exhibido documentos que muestran condiciones preocupantes en este contrato; eso explica por qué la universidad se ha negado a una auditoría”, comentó.

Finalmente, advirtió que, de someterse la Universidad a revisión este año, el Instituto de Fiscalización será “muy incisivo y puntual en revisar este tipo de contrataciones”, asegurando que se analizará a fondo el impacto financiero del contrato.

Fuente: Pulso