Los ciudadanos argumentan que el Consejo Municipal de Villa de Pozos y otras autoridades responsables no garantizaron su derecho a la consulta previa.

Un grupo de siete ciudadanos de Villa de Pozos ha elevado su voz ante la justicia federal, interponiendo un juicio de amparo para denunciar la falta de una consulta adecuada e inclusiva en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. El Juzgado Octavo de Distrito en San Luis Potosí admitió a trámite el amparo bajo el número 435/2025-I-P, dando así curso a las reclamaciones de los quejosos.

Los ciudadanos argumentan que el Consejo Municipal de Villa de Pozos y otras autoridades responsables no garantizaron su derecho a la consulta previa, tal como lo establece la Constitución Mexicana y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Señalan que las acciones implementadas por el municipio, como la instalación de buzones y la organización de sesiones fotográficas donde se les veía llenando formatos, fueron insuficientes y no aseguraron una participación efectiva, especialmente para aquellos con discapacidades.

“No se trata solo de llenar un papel,” declaran los quejosos, “sino de que nuestras voces sean escuchadas y tomadas en cuenta en las decisiones que afectan nuestro día a día en Villa de Pozos.” Tres de los siete demandantes tienen discapacidad intelectual y afirman que no se les proporcionó la información ni el apoyo necesario para comprender y expresar sus opiniones durante el proceso de consulta.

El amparo busca que se ordene la realización de una consulta que cumpla con los estándares de accesibilidad y participación establecidos por la ley, y que se considere seriamente las aportaciones de este grupo de ciudadanos en el Plan Municipal de Desarrollo. Este caso se presenta en el marco de la nueva Ley de Amparo, lo que podría llevar a una resolución que siente un precedente importante sobre los alcances de la protección judicial en casos de omisión de consulta a grupos específicos.

La audiencia constitucional, donde se resolverá el fondo del asunto, está programada para el 15 de mayo de 2025. Los siete ciudadanos esperan que este juicio siente un precedente para que las autoridades municipales rindan cuentas y se garantice una mayor inclusión en la toma de decisiones.